¿Sabes que existen acciones preventivas que se pueden implementar en tu empresa para disminuir el riesgo de ser sancionada bajo el Sistema Nacional Anticorrupción?
¿Te gustaría conocer cómo reducir el riesgo de que tus empleados y funcionarios incurran en acciones ilegales o irregulares que afecten a la empresa, al contratar con Gobierno?
En 2015 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, y a partir de ese momento se regulan conductas de las empresas que pueden ser sancionadas en su relación con gobierno, derivado de la expedición de dos nuevas leyes: (i) Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y (ii) Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como reformas al Código Penal Federal.
Antes de las reformas existía un enfoque de investigar la corrupción sólo en el ámbito del gobierno, y actualmente la visión corresponde a que, en los actos de corrupción, el sector privado también tiene un rol importante que debe ser igualmente sancionado.
Actualmente los órganos de fiscalización de gobierno pueden efectuar visitas domiciliarias, exigir la exhibición de libros, contratos, documentos; realizar entrevistas con particulares y, promover la imposición de sanciones o denuncias penales, a personas privadas que hayan recibido en pago recursos públicos.
Ahora la legislación establece sanciones para las empresas que incurren en faltas en su relación con gobierno: sanción económica que constituye crédito fiscal ejecutado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) (hasta un millón quinientas mil UMAS – aproximadamente $155,610,000.00 pesos Mexicanos); inhabilitación para contratar con el gobierno (hasta por 10 años); suspensión de actividades, e incluso disolución de la empresa.
Los riesgos son económicos y también reputacionales para las empresas que incurren en faltas consideradas graves (soborno, tráfico de influencias, utilización de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, contratación indebida de exservidores públicos, uso indebido de recursos públicos, etc.)
En este sentido, es importante que las empresas desarrollen y actualicen su política de integridad: manual de organización y procedimientos, código de conducta, sistemas de control y vigilancia, sistemas de denuncia, capacitación, etc., ya que al determinar la responsabilidad de la empresa, los tribunales valorarán su implementación.
En caso de requerir más información en relación con el contenido de la presente nota o asistencia legal, por favor contacte a:
Jorge Ortega González – Of Counsel
Teléfono: +52 55 50015452